Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que no existe un plazo legal perentorio para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presente las pruebas que sustenten la acusación por presuntos vínculos con el narcotráfico en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, la mandataria aclaró que la solicitud estadounidense se limita a una petición de detención urgente con fines de extradición, un recurso administrativo que carece de los términos temporales obligatorios de un juicio de extradición formal.
El caso técnico penal inició el pasado 29 de abril de 2026, fecha en que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses. El pliego acusatorio estadounidense imputa a los exservidores públicos el delito de conspiración con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cargamentos de narcóticos a territorio norteamericano a cambio de apoyo político y financiamiento ilícito. La publicación del documento motivó que el mandatario estatal solicitara una licencia temporal para separarse de su cargo ejecutivo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, bajo el protocolo de asistencia jurídica mutua, procedió a la revisión minuciosa de la documentación remitida por la contraparte estadounidense. El análisis de la cancillería determinó que el expediente carecía de elementos probatorios suficientes para justificar la restricción de la libertad del imputado. Ante esta insuficiencia jurídica, la SRE trasladó la consulta técnica a la Fiscalía General de la República (FGR) para homologar el criterio de procedencia.
La FGR ratificó el dictamen de la cancillería mexicana al concluir que los documentos enviados por la oficina del Departamento de Justicia no reúnen los requisitos mínimos de convertibilidad judicial en territorio mexicano. La determinación institucional paralizó de forma temporal la ejecución de la orden de captura solicitada por la vía diplomática, fundamentando la negativa en el principio de legalidad que rige los tratados bilaterales vigentes entre ambos países.
A pesar del rechazo a la detención urgente, la Fiscalía General de la República procedió con la apertura de carpetas de investigación internas de carácter autónomo para indagar los hechos señalados en Nueva York. Sheinbaum Pardo enfatizó que la soberanía judicial de México permite continuar con las pesquisas locales de forma independiente a las decisiones que adopten los tribunales federales de los Estados Unidos respecto al caso Sinaloa.
La administración federal mexicana detalló que, si el Departamento de Justicia estadounidense no complementa el expediente con evidencias físicas y testimoniales verificables, la solicitud de detención urgente será desechada de manera definitiva. No obstante, las autoridades de Washington retienen el derecho de activar una segunda vía legal consistente en la apertura de un juicio formal de extradición, el cual sí exigiría el desahogo de pruebas bajo los términos del tratado bilateral de 1978.
La mandataria federal enmarcó la exigencia de pruebas como una práctica ordinaria y recíproca dentro de los mecanismos de cooperación judicial internacional. Recordó que, de manera simétrica, el Poder Judicial de los Estados Unidos ha requerido al Gobierno de México el cumplimiento de estándares probatorios idénticos en ocasiones previas, específicamente cuando las fiscalías mexicanas han tramitado solicitudes de detención provisional hacia ciudadanos o residentes estadounidenses.
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