Por Juan Pablo Ojeda
Agentes de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos ejecutaron la detención de dos ciudadanos mexicanos que se desempeñaban como pastores evangélicos en una comunidad del estado de Texas. El operativo de las autoridades federales dejó bajo la custodia de familiares a sus tres hijos menores de edad, todos ellos nacidos en territorio estadounidense y con ciudadanía plena.
La intervención del personal de ICE se registró en las primeras horas de la jornada durante un despliegue de rutina en el sector residencial donde habitaba la familia. La pareja, cuya estancia irregular en el país norteamericano superaba una década de permanencia continua, no registraba antecedentes penales ni ordenanzas judiciales de búsqueda previas en las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los registros del censo de la congregación local señalan que los religiosos encabezaban un templo comunitario que atendía semanalmente a más de 200 familias de origen hispano. Tras el arresto, la representación legal de los detenidos confirmó que ambos fueron trasladados a un centro de procesamiento migratorio ubicado en el sur de Texas, donde permanecen a la espera de una audiencia de deportación formal ante un juez federal de inmigración.
Estadísticas recientes de la división de operaciones de ICE muestran que durante el año fiscal en curso los arrestos de ciudadanos no calificados como prioridad de alta peligrosidad criminal se han incrementado en un 18% en el distrito de Texas. Esta tendencia abarca a personas con residencia prolongada e integración laboral o comunitaria comprobable dentro de sus localidades de asentamiento.
La situación jurídica de los tres menores de edad quedó temporalmente bajo la tutela de parientes cercanos con estatus legal regularizado, evitando la intervención inmediata de los servicios estatales de protección infantil. No obstante, los abogados defensores señalaron que la eventual repatriación de los padres forzaría una separación familiar o el traslado involuntario de los ciudadanos estadounidenses a territorio mexicano.
El consulado de México en la jurisdicción tejana correspondiente confirmó la apertura de un expediente de protección consular para verificar las condiciones del encarcelamiento preventivo y asegurar que se respete el debido proceso legal de los dos connacionales. El personal diplomático gestiona visitas de inspección al centro de detención para verificar su estado de salud e integridad física.
La resolución del caso quedará sujeta al calendario de vistas de la Corte de Inmigración de los Estados Unidos, la cual mantiene un rezago operativo superior a los dos millones de casos pendientes de resolución. Mientras se fija la fecha para la audiencia de fianza, la defensa legal prepara un recurso de suspensión de la expulsión basado en el impacto humanitario que causaría la medida en los dependientes menores.
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