Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso este viernes 19 de junio una convocatoria abierta para establecer una discusión social y legal orientada a la regulación de la inteligencia artificial (IA) en el territorio nacional. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo Federal señaló que el marco normativo actual carece de lineamientos específicos para contener los impactos operativos de estas tecnologías en los sectores educativo, electoral y de telecomunicaciones.
El planteamiento técnico de la mandataria federal estipula que el diseño de las nuevas leyes debe involucrar de forma obligatoria a los partidos políticos con representación parlamentaria y a los comités de la sociedad civil. Los indicadores de adopción tecnológica reflejan un crecimiento exponencial en el uso de plataformas automatizadas, lo que ha modificado los esquemas tradicionales de evaluación académica en las instituciones de educación superior del país.
Sheinbaum Pardo puntualizó que el uso de herramientas digitales para la elaboración de asignaciones escolares ha provocado que diversas universidades supriman los trabajos en casa como método de calificación verificable. Ante la ausencia de un marco ético que determine la validez de los contenidos generados por algoritmos, el sector educativo nacional enfrenta la necesidad de reconfigurar sus planes de estudio y sus sistemas de acreditación interna.
En el ámbito macroestructural, la jefa del Estado mexicano advirtió que la proliferación de contenidos automatizados incide de forma directa en la seguridad nacional a través de la manipulación de campañas políticas. La creación de imágenes, audios hiperrealistas (deepfakes) y noticias falsas dedicadas a suplantar la identidad de figuras públicas representa una variable de riesgo para la estabilidad de los procesos democráticos en las entidades federativas.
La viabilidad de implementar sanciones administrativas o penales para los usuarios que desvíen el uso de estas tecnologías permanece bajo análisis de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La presidenta reconoció que la tipificación de estos delitos representa un asunto complejo que corre el riesgo de vulnerar el derecho constitucional a la libertad de expresión o cruzar el límite operativo de la censura digital.
Como segundo eje de la agenda de conectividad, la mandataria expuso datos referentes al incremento del tiempo de pantalla en la población infantil y adolescente de la República Mexicana. Diversos diagnósticos internacionales vinculan el uso prolongado de dispositivos electrónicos portátiles con el desarrollo de patologías de salud mental, sedentarismo crónico y un rezago medible en las capacidades de socialización comunitaria.
La administración federal respaldará las normativas locales aprobadas en múltiples estados de la federación que prohíben el uso de teléfonos celulares en planteles de educación básica. La estrategia gubernamental busca desarticular las conductas adictivas asociadas al consumo de plataformas sociodigitales y promover la reactivación de programas de activación física y juegos colectivos tradicionales dentro de los perímetros escolares oficiales.
Deja una respuesta